Sociedad de las Indias Electrónicas

La noticia saltaba desde los blogs norteamericanos: en las negociaciones del ACTA (Anti Counterfeiting Trade Agreement) EEUU estaría impulsando una serie de medidas de endurecimiento legislativo y control de Internet que obligarían a la reforma legal en cada uno de los países firmantes, incluidos los propios EEUU.

Las negociaciones del ACTA son secretas y no deja de llamar la atención las disculpas y consideraciones de los representantes de la Unión Europea que advierten que se trata de un tema sensible para los defensores de la libertad en Internet y que seguramente eso les obligue a retrasar la firma.

Es un modelo que ya avanzábamos en De las naciones a las redes:

Desde lo internacional se sostiene lo nacional. Los negociadores de Estados Unidos en el TLC obligan a realizar cambios en la legislación sobre propiedad intelectual que van más allá de las leyes norteamericanas para forzar luego, en casa, a su aprobación como parte de la armonización impuesta por la firma de tratados internacionales estratégicos.

Hoy lo internacional no es la superación de lo nacional, es su último recurso: el internacionalismo institucional es el último sustento de un nacionalismo estatal hipertrofiado.

Mientras tanto en España la Ley de Economía Sostenible lleva las páginas de enlaces a la Audiencia Nacional un tribunal de excepción nacido durante la dictadura franquista como Tribunal de Orden Público (TOP) consagrado a la persecución de la insurgencia y dedicado después a la persecución del terrorismo que fue pionero ya en 2002 en la aplicación de la censura mediante DNSs.

El mensaje y el panorama no podrían ser más tristes. Estimamos que en España apenas existen unos centenares de autores profesionales: aquellos que reciben en concepto de Derechos de Autor como mínimo el Salario Minimo Interprofesional, y eso con unos datos hinchados por la ausencia de acuerdos entre las entidades de gestión y sus correspondientes norteamericanas, ausencia que permite que se reparta dinero originado por el derecho de autor de obras norteamericanas entre autores locales.

Para apuntalar aún más las pretensiones recaudatorias de las entidades de gestión de esos pocos autores el estado es capaz de equiparar descargas y enlaces al P2P a terrorismo, asumiendo implicitamente el mismo mensaje que el 13M esgrimieron sus rivales del PP: los ciudadanos que actúan en redes distribuidas han de ser considerados insurgentes.

Mientras tanto los negociadores internacionales que impondrán una legislación globalizada y una organización tipo OMC (Organización Mundial del Comercio) actúan clandestinamente presentando excusas a EEUU por no poder escapar tan facilmente del debate público.

Cuando el estado se hace clandestino y la organización ciudadana se considera insurgente ¿dónde estamos? ¿Merece la pena crear tal nivel de conflicto y crisis institucional por apuntalar los intereses de unos pocos autores locales y multinacionales estadounidenses? ¿No sería mejor llegar democraticamente a un nuevo pacto social sobre la propiedad intelectual que garantizara el desarrollo social y tecnológico?