Redes públicas: ¿libertad de mercado o libertades cívicas?
29 may 2004
Las “I Jornadas sobre Redes Públicas de Telecomunicaciones” en Atarfe (Granada) han sido durante tres días el centro del debate sociotecnológico en España. Transcribimos -en la medida de lo posible- la intervención de nuestro compañero David de Ugarte dentro de la serie de ponencias presentadas en estas jornadas.
Internet, las nuevas sociales, son la nueva frontera. El territorio de la libertad, las oportunidades y los nuevos negocios. Un mundo que es también la base de una nueva forma de participación política y de ciudadanía. A día de hoy es impensable una ciudadanía plena sin acceso efectivo y real a las nuevas formas de comunicación social ligadas a Internet. Por eso orientaré mi intervención desde el punto de vista del derecho al acceso, porque no debemos confundir derechos con servicios ni ciudadanos con consumidores.
Ya sólo esta aproximación debería legitimarnos, cuando menos, el interés de las instituciones públicas: las redes públicas, la infraestructura previa al acceso, constituye la garantía de un derecho de participación política y no sólo la puerta a una serie de servicios que generen más o menos bienestar. Las infraestructuras básicas de telecomunicaciones, como los colegios electorales, de entrada no son un ámbito exclusivo del mercado. Como liberal creo que los mercados conforme tienden a la competencia perfecta tienden también a la eficiencia en la asignación de recursos. Pero los derechos individuales de los ciudadanos son otra cosa, no pueden ser dejados al mercado -y mucho menos a mercados controlados por pocos agentes- porque lo que define a los derechos fundamentales es que son inalienables, no son objeto de intercambio. El mercado no puede proveer derechos. Parece mentira que los economistas y los liberales tengamos que recordárselo a los políticos y los socialdemócratas.
Herramientas económicas para hacer el derecho efectivo
Otra cosa es aproximarnos a las herramientas económicas de las que disponemos para garantizar ese derecho. Y aquí hay que desacralizar de nuevo. Existe mercado desde el momento en que existe libre intercambio, pero este se produce en monopolio tanto como en competencia perfecta o en oligopolio. Y los resultados son dramáticamente diferentes. Utilizar mantras pseudoreligiosos con la palabra mercado no arregla nada y oculta mucho. Para los economistas, como para los liberales sensatos, el mercado es un instrumento cuya forma va a determinar los resultados del proceso. La cuestión qué modelo de mercado hemos de impulsar para garantizar la existencia de las infraestructuras que aseguren los nuevos derechos políticos de los ciudadanos.
Existen en este terreno básicamente cuatro modelos posibles de mercado. Hemos de juzgarlos por los resultados que nos han ofrecido hasta ahora:
- La competencia perfecta: En general los mercados de competencia perfecta no existen. Lo más parecido a la competencia perfecta que hemos conocido es la red y el mundo digital algo que lejos de ser previo es una consecuencia del derecho de acceso… Por cierto que lo más distante de la competencia perfecta es la provisión de infraestructuras. Invocar la libre competencia en este terreno, confundiendo los servicios que las empresas presten sobre ella (conexión a Internet, TV digital, administración electrónica, prensa digital…) con la provisión del cableado y la conectividad, es un error propio de estudiante de Economía de Secundaria. Cuando Adam Smith, abogaba por el carácter público de carreteras y caminos y cuando no se conoce un sólo caso de mercado en competencia perfecta o casi de infraestructuras, recurrir a los tópicos de un liberalismo de divulgación y trazo grueso, está claramente fuera de lugar. Simplemente, las consecuencias del modelo de competencia perfecta, aquí, no aplican.
- El monopolio público: el hijo predilecto de los enamorados de los modelos pigouvianos que han sido la base teórica de las políticas microeconómicas desde la postguerra mundial. La idea es que mediante la regulación de precios y las tasas, pueden corregirse los efectos negativos del monopolio y alcanzarse una solución equivalente a la que se alcanzaría en competencia perfecta. La verdad es que en España y en otros países el modelo no funcionó muy eficientemente, sobre todo debido a que la empresa pública que mantenía la infraestructura era la misma que la explotaba (Telefónica, BT, France Telecom, DT). Muchos pensamos que se perdió una oportunidad de oro cuando al privatizar la compañía se invirtió el modelo, permitiendo a estas compañías -ya privatizadas- mantener propiedad y explotación, convirtiendo la presunta liberalización de las telecomunicaciones en la mera apertura de un mercado secundario de revendedores que continuamente acusan al gigante ex-público de utilizar en su contra el monopolio de la red física sobre la que se presta el servicio. Hoy tiene ya poco sentido ahondar en ello, pero seguramente nos hubieramos ahorrado muchos retrasos históricos desde 1993 de haber mantenido la red de telecomunicaciones en una empresa pública y haber liberalizado de modo efectivo los servicios que se prestan sobre ella.
- El oligopolio privado regulado. Es la situación del mercado de las telecomunicaciones en España. El resultado que ha generado este modelo ha sido un verdadero parón de las inversiones en infraestructuras (sin ir más lejos España está en extensión de fibra óptica por detrás de lo que estaba Alemania hace 20 años), un coste público inadmisible en un despliege del UMTS que nunca se produjo y ese increible puesto 28 en el índice de acceso digital que contrasta tan vivamente con nuestro puesto 11 en el PIB mundial. Claramente el modelo ha fracasado. No es de extrañar que sectores crecientes de nuestra sociedad desconfíen de la CMT. Cuando este organismo regulador nació como guardián de la competencia en el sector, la competencia se entendía entre los oligopolistas, y las ligazones entre el órgano y las grandes empresas no parecían excesivamente distorsionadoras. Aunque el baile de cargos entre la CMT y las operadoras resultara poco estético y seguramente poco ético, no parecía tener excesivas consencuencias más allá de la apertura de un mercado secundario de consejeros. Pero al aparecer nuevos agentes como los usuarios, las redes ciudadanas, los ayuntamientos y en general las redes públicas locales, muchos han sentido que el órgano que defendía la competencia entre los operadores y dueños de infraestructuras privatizadas o ampliamente subvencionadas, les defiende ahora de la competencia exterior, las demandas de los ciudadanos y la crítica pública cuando los resultados no acompañan.
- Redes públicas locales: Un modelo experimentado en Suecia: una empresa pública municipal gestiona en Estocolmo las infraestructuras y las arrienda a operadoras (privadas y/o públicas). En España el primer intento comenzó en el País Vasco (no sin problemas con la CMT). En este caso había una única empresa, también municipal, dedicada a la explotación de la red que sufrió un fuerte endeudamiento. La idea de las redes públicas sin embargo no alcanzaría relevancia pública entre nosotros hasta las últimas elecciones a través del programa electoral de algunos políticos como Juan Alberto Belloch, hoy alcalde de Zaragoza que entendían que universalizar la infraestructura básica de telecomunicaciones y por consiguiente el acceso a Internet, era la única garantía material para alcanzar la Sociedad Red y promover la nueva industrialización en sus ciudades. Un modelo cuyo último ejemplo es Atarfe (curiosamente también hoy en batalla con la CMT). La referencia más clara de los resultados que puede ofrecer este tipo de modelo podría ser Corea del Sur, un país que hoy asegura 1Mb de ancho de banda a todos sus ciudadanos, que vive un boom económico ligado a la red y cuyo principal periódico nacional es un periódico online escrito por los propios lectores. La garantía del derecho de acceso ha producido un cambio social y un impulso económico sin precedentes.
Tras este repaso a los modelos y herramientas de mercado, hay que remarcar que en ningún caso estamos ante un problema técnico. Esto no es una cuestión de Wifi o cable, como no es una cuestión de dimensión de las empresas ni de número de operadores, la clave del cambio social generado no nace ni puede nacer de la extensión de una serie de servicios por las operadoras, sino de la garantía efectiva de los nuevos derechos ciudadanos de acceso. Es una cuestión política no de dimensión de mercado. La clave es asegurar una garantía efectiva a la participación económica, política y social de los ciudadanos en el nuevo territorio de las redes. Algo que sin infraestructuras universalmente extendidas y accesibles, sin banda ancha de verdad (no el ADSL español), es imposible. Algo, hacia lo que a día de hoy sólo el modelo de redes públicas municipales parece poder encaminarnos.
